Después de múltiples providencias, comenzadas durante mi último viaje a Méjico hace casi dos años, los Estados Unidos han concedido la extradición del ex Jefe de Policía de Méjico durante el mandato de López Portillo, el «Negro» Durazo. Este policía está acusado, con pruebas abrumadoras, de masivos robos, extorsiones, tráfico de drogas y docenas de asesinatos. Su corrupción corre pareja con la del mismo presidente López Portillo, culpable de vender literalmente su país y amasar una increíble fortuna personas, mientras más de cien de sus conciudadanos morían cada día de hambre.
En otros países, estos monstruosos excesos sólo son posible bajo declaradas dictaduras, y la apertura de esos procesos significa que se ha impuesto por fin una mayor justicia y democracia, en beneficio del pueblo. Eh Méjico, por desgracia, no es así: esos procesos, en diferentes formas, sirven cada sexenio presidencial para achacar al anterior sexenio los males que padece en ese mismo momento el pueblo, y esconder, con esos chivos expiatorios, la responsabilidad de los gobernantes actuales, siempre del mismo partido «revolucionario institucional. y nombrados a dedo, des»tapados», por el presidente anterior. Ni un terremoto consigue conmover esa reaccionaria y caricaturesca «revolución permanente» mejicana (en donde, hecho bien simbólico, mataron hasta a Trotski); y eso, a pesar de que el terremoto de septiembre pasado mostró tan palpablemente la corrupción administrativa del sistema, con la caída de edificios oficiales construídos en forma deleznable, contraviniendo a las mismas ordenanzas oficiales, para sisar de su presupuesto; y aunque, a nivel de la misma policía, aparecieran con ese terremoto, en celdas de la policía judicial, atados y torturados, cadáveres de presos muertos antes del seísmo. Apenas es necesario recordar a donde ha ido a parar incluso buena parte de la ayuda internacional a las víctimas del terremoto.
Esos procesos, por tanto, lejos de ser en beneficio de la justicia y de la democracia son una burla a los más elementales principios éticos, y un intento más de engañar, la opinión pública nacional e internacional, un modo demagógico entre otros de prolongar la vergonzosa tiranía del PRI. Lo que se requeriría es un proceso a todo el sistema político mejicano, culpable de enormes crímenes contra la humanidad, ejerce contra su propio pueblo. Ciertos intereses y conveniencias internacionales no pueden acallar más la inmoral conspiración del silencio que contribuye a perpetuar su existencia.
También hay que señalar que el régimen mejicano constituye una prueba por los hechos de cómo un sistema que tiene ciertas apariencias y mecanismos de la democracia puede encubrir con ellas durante mucho tiempo una corrupta dictadura. Grave advertencia para otros pueblos, máxime con una democracia poco afincada, que, confiando en ciertas fórmulas de apariencia democrática, no reaccionan ante las tendencias que experimentan hacia su «mejicanización» o, para emplear el antiguo nombre de ese país, su «neoespañolización». «Quien tenga oídos para oír, que oiga».