Justicia – 2003

20030918. La Justicia. La institución más desprestigiada.

                             Estamos perdidos, condenados a no tener esperanza de que se nos haga justicia. Los españoles hemos calificado el funcionamiento de la Justicia como el peor entre diez máximas instituciones públicas, ninguna de las cuales tenía la buena fama de las Hermanitas de la Caridad; una encuesta del año pasado reveló que, aun fijándose sólo en su lentitud, el 81% de los ciudadanos prefería renunciar siempre que pudiera a acudir a la “Justicia”. Pero ahora un sondeo muestra que, a pesar de todo, ciegos a la justicia… de nuestras quejas y desafecto, la mitad de los jueces considera que su administración de justicia es “buena o muy buena”. Es decir, que ni tienen conciencia de no cumplir con lo que pide la ciudadanía ni, mucho menos, de la necesidad de una mejora a fondo de la misma.

                              Las razones de esa radical oposición entre los jueces y el pueblo al que deberían servir son evidentes. La “transición” desde la dictadura ha sido muy “suave” y lenta en otras instituciones, pero más aún en la judicatura. La normal independencia de la Justicia siguió siendo aprovechada por gran parte de ese Cuerpo profesional para mantener unos privilegios autoritarios que hasta ayer (¿ayer sólo?) les permitía censurar y condenar duramente como “desacato” las más fundadas y democráticas críticas a su mala gestión. Mientras, con la boca pequeña, se defienden de tantos escandalosos fallos suyos por los limitados recursos de que disponen, aprovechando su escaso número para reforzar sus poderes, y toleran, cómplices, distintos modos de infiltración por parte de los distintos gobiernos, muy interesados en no tener una Justicia que funcione tan de verdad que pueda juzgarle con eficacia a ellos.

                                España es, pues, el país sin ley… aplicada con justicia,   porque hay demasiados jueces que carecen de una mentalidad adecuada (por su arcaico origen autoritario a nivel familiar, social o político, o simplemente por su falta de preparación técnica, dado su modo de “selección”) o que ejercen mal su  cargo por falta de control e incentivos, o abrumados por el número excesivo de juicios, aunque en este revelador sondeo sólo el 7% -¡siete por ciento!- de los jueces se atribuyan alguna responsabilidad en ese injusto retraso. No queda sino el que los ciudadanos tomen conciencia de que no basta con quejarse, sino que hay que presionar con todos los medios legítimos a su alcance a las diferentes administraciones para que una judicatura más justa pueda administrar de verdad justicia, con minúscula, real y para todos.